El Capítulo General de la Congregación de los Legionarios inició el 20 de enero de 2020[1]. Ese mismo día los miembros del Capítulo emitieron un comunicado oficial como parte de los boletines del Capítulo General. Sin embargo, ese primer comunicado extrañamente era de la oficina de prensa del territorio de México[2].
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| 20 de enero de 2020, inicia el Capítulo General |
Titulado “En relación con los desarrollos recientes del caso de Fernando Martínez Suárez”, el comunicado afirmaba entre otras cosas que “El director territorial ha decidido establecer una Comisión interdisciplinar, con algunos miembros externos a la Congregación, con el mandato de dar acogida, escucha y seguimiento a las víctimas y de proponer las medidas necesarias para reparar el daño que han sufrido” (Num.3). Ricardo Sada fue el responsable de dicha comunicación; sin embargo su actual sucesor, Alberto Simán no sólo no ha hecho nada, sino que ha mostrado su molestia hacia quienes le preguntan por el tema.[3]
El párrafo número 5 afirma que “La Congregación se someterá a una investigación, en coordinación con el Dicasterio competente de la Santa Sede, para individuar las responsabilidades personales por negligencia o encubrimiento en este caso”.
Estas promesas fueron presentadas a la Iglesia y a la opinión pública formalmente a través del Capítulo General. Por tanto la responsabilidad de su cumplimiento es tanto del gobierno general (que encabeza John Connor), como del Superior territorial (actualmente el salvadoreño Alberto Simán).
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| Nota de Prensa del Capítulo General |
Los legionarios trataron de sacudirse dichos compromisos (establecidos a través del Capítulo General) refiriéndose a “un caso conocido” en el primero y segundo informe de compromisos acerca de los abusos en la Congregación.
En el informe de compromisos del año 2020[4] (apartado III, inciso D pag.19) titulado “Esclarecimiento de posibles casos de encubrimiento o negligencia grave”, los legionarios mencionan que han contactado a un juez canónico externo a la Congregación y que han iniciado una investigación por medio del él. De hecho introducen el párrafo con las palabras “Como primer paso (…)” pues consultaron a ese supuesto juez acerca de la actuación de los Superiores y del Obispo Prelado Emérito en el caso del encubrimiento y ayuda proporcionada para salir del país a Fernando Martínez Suárez. Concluyen el párrafo indicando que “Se está buscando la mejor manera de involucrar a expertos externos (…)”.
El apartado III, inciso D es en realidad un “reporte” del cumplimiento de los compromisos establecidos en el documento capitular Proteger y Sanar[5] números 55 y 56 donde la Congregación con el compromiso de “proteger y sanar”, se compromete a juzgar sancionar e impedir cargos a los responsables de negligencia, entorpecimiento o malos manejos de los casos de abuso sexual de la Congregación.
Un año y varios meses después del primer informe, presentaron el segundo informe, correspondiente a los avances del 2021[6].
En el apartado del Encubrimiento o Negligencia Grave, repiten lo que habían dicho en el informe del año anterior; es decir que durante 2020 habían contactado a un juez. Luego añaden: “Se está a la espera de recibir la conclusión de la investigación que también ofrecerá orientación para examinar otros casos.”.
En el primer informe contactaron al juez y buscaban como involucrar expertos externos; en el segundo informe siguen con dicho contacto al juez y esperan resultados de la investigación.
En pocas palabras, desde 2020 sólo contactaron a un juez canónico externo en relación a un “caso conocido”. ¿Quién es ese juez? ¿qué competencias tiene? ¿tiene experiencia con casos de abuso de autoridad? ¿pertenece a algún tribunal eclesiástico o también es de la Anáhuac?
Más importante aún, ¿por qué el juez realiza la investigación? ¿Qué pasó con los expertos externos?
Han pasado varios meses del anterior informe y aún no hay ningún avance; de hecho hace poco se reunió el Consejo General para evaluar los avances del gobierno pues han pasado ya tres años del sexenio del gobierno de John Connor.
En el Capítulo General se comprometieron a formar una comisión interdisciplinar con miembros externos a la Congregación. Una comisión con una sola persona cuyo nombre no es público más bien indica que no hay nada hecho y sólo continúan a emitir declaraciones rebuscadas para engañar a la opinión pública y a la Iglesia.
En el segundo informe hablan de “un caso conocido”. Aquí en Liberabit Veritas[7] presentamos una relación de superiores involucrados. Al día de hoy, la Congregación no ha tenido la entereza de indicar si además de esos señalados hay otros legionarios involucrados[8]. En otro artículo, Liberabit Veritas destacó el abuso de autoridad por parte del Prelado Emérito Jorge Bernal y la negligencia del actual Obispo Rosalío Elizondo[9].
Como referencia conviene recordar que recientemente, la documentación obtenida por la policía en el caso de intento de extorsión (del caso Reséndiz-Gallizia) muestra que el mismo abogado de los legionarios consideraba “culpable in vigilando” al superior del noviciado y seminario menor.
La Congregación tampoco ha afrontado la investigación de ese caso con el agravante de que el involucrado se encuentra al frente de un centro educativo donde hasta hace poco seguía en contacto con menores Aurora Morales (la que proporcionaba las víctimas a FMS).
Los compromisos para esclarecer la verdad y establecer responsabilidades no fueron impuestos sino que la misma Congregación asumió dichos compromisos. ¿Será que (como se dice en las redes sociales) fueron sólo comunicados para lavar la imagen?
Los compromisos asumidos por la Congregación a través del capítulo General en cuanto a las responsabilidades personales son 3:
· En relación a los abusos cometidos por el legionario Fernando Martínez Suárez, establecer una Comisión interdisciplinar, con algunos miembros externos a la Congregación para reparar el daño de las víctimas (de las 3 ciudades donde el depredador abusó).
· Someterse a una investigación, coordinada con la Congregación para la Doctrina de la Fe (dicasterio que asume los delicta graviora) para individuar las responsabilidades personales por negligencia o encubrimiento en el caso del depredador sexual Fernado Martínez Suárez.
· Juzgar y sancionar a miembros (LCs, 3GMs y 3GFs o Consagrados y Consagradas) culpables de no reportar, entorpecer la investigación o impedir el correcto manejo de un caso de abuso sexual.
Para poder “proteger y sanar” apegados a la caridad y la verdad que son justicia es necesario establecer unos criterios objetivos con los cuales las personas implicadas deben ser juzgadas.
Tres años después de que la Congregación en el Capítulo General asumió compromisos de justicia sólo han contactado un juez.
Es necesario que la Congregación publique quienes serán los expertos externos y los miembros de la comisión interdisciplinar; la primera tarea de dicha comisión debería ser elaborar y publicar los criterios objetivos humanos y canónicos[10] con los cuales deben ser juzgados los responsables del manejo de casos de abuso sexual.
Para que haya trasparencia en el proceso, la comisión interdisciplinar debió
de haber publicado el borrador de los criterios de juicio desde el año 2020. Como referencia podemos destacar el trabajo de justicia y reconciliación que ha hecho el Sodalicio de la Vida Cristiana y su esfuerzo por ser transparentes en un proceso de por sí doloroso y sujeto a mucha suspicacia. Procedimiento, miembros de la comisión, etc. se encuentran publicados en la Web creada para ello: https://comisionetica.org/
Quedan menos de tres años del gobierno de John Connor. Si bien el número de superiores y miembros señalados de mal manejo en los casos de abuso sexual es reducido, los procesos de investigación pueden llevar tiempo.
¿Será que como dicen en las redes sociales, los compromisos fueron meros comunicados para lavar la imagen? De ser así, la autoridad del Capítulo General quedaría reducida a un mero instrumento de propaganda.
En los meses restantes del año 2022 veremos si la Congregación publica los nombres de los miembros de la comisión interdisciplinar y antes de final de año se dan a conocer los lineamientos que establece la comisión para juzgar a los responsables de negligencia en los casos de abuso sexual.
Por último, el Capítulo General también asumió el compromiso de afrontar el abuso de autoridad, el abuso psicológico y el abuso de conciencia. Esperamos que para finales de 2022 también contemos con lineamientos para estos abusos que afectan a mucho más personas.
[1] https://legionariosdecristo.org/inicia-el-capitulo-general-2020-de-los-legionarios-de-cristo/
[2] https://legionariosdecristo.org/es/wp-content/uploads/2020/01/en-relacion-con-los-desarrollos-recientes-del-caso-de-Fernando-Martinez-Suarez.pdf
[3] Testimonio de un colaborador relativamente cercano a la oficina territorial de México.
[4] https://www.0abusos.org/wp/wp-content/uploads/2021/03/Informe-2020-legionarios-de-Cristo-verdad-justicia-y-sanacion-abusos-victimas-ambientes-seguros.pdf
[5] https://www.0abusos.org/wp/wp-content/uploads/2020/02/conversion-reparacion-proteger-sanar-informe-abusos-legionarios.pdf
[6] https://www.0abusos.org/wp/wp-content/uploads/2022/04/II-Informe-anual-Verdad-justicia-y-sanacion-espan%CC%83ol.pdf
[7] http://liberabitveritas.blogspot.com/2019/11/analu-y-superiores.html
[8] Como ejemplo hay que recordar que en el caso de intento de extorsión que cometieron Luca Gallizia y Óscar Náder la investigación policial reveló a otros involucrados.
[9] http://liberabitveritas.blogspot.com/2019/11/analu-y-bernal.html
[10] De acuerdo con la teoría del derecho, no hay delito sin pena y sin ley: nullum crimen nulla poena sine lege. El compromiso asumido por los miembros del Capítulo General acerca de la negligencia en el manejo de los casos de abuso no se refiere solamente al cumplimiento de la ley canónica.
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